EL REY de Marruecos se ha visto obligado a mover ficha apresuradamente respecto al Sáhara, después de que el caso Haidar pusiera de nuevo este espinoso asunto sobre el tapete internacional. Mohamed VI anunció el domingo la creación de una comisión, encargada de proyectar la regionalización del país, incluida una amplia autonomía para el Sáhara inspirada en el modelo español. Es ésta una vieja promesa del monarca alauí, pero hasta ahora no se había decidido a ponerla en marcha. Y sin duda lo hace como un gesto propagandístico y oportunista para intentar contrarrestar las críticas recibidas por el trato a la activista Aminatu Haidar. Porque su caso ha mostrado al mundo la flagrante violación de los derechos humanos y la cara más represiva del régimen alauí.
Pero la oferta de Mohamed VI de conceder la autonomía a lo que llama «las provincias del sur» resulta inaceptable. Primero, porque parte de la premisa de que su soberanía sobre el Sáhara es incuestionable, pese a que se trata de un territorio invadido que nunca en la Historia ha formado parte del Reino marroquí. Y, sobre todo, porque supone seguir ignorando tanto la voluntad de los saharauis como la legalidad internacional. Ayer mismo el Frente Polisario tachó la propuesta de «chantaje».
Lo cierto es que este anuncio sólo complica la búsqueda de una solución justa y legítima para el Sáhara, a la vez que echa por tierra las esperanzas en que se reanunden las conversaciones de paz entre Rabat y el Polisario a finales de enero como pretendía la ONU. De hecho, Mohamed VI ha anticipado así su rechazo al enviado especial de Naciones Unidas, Chistopher Ross, que trabaja por un diálogo sin condiciones previas, en las que se contemplen las tres alternativas: independencia, autonomía o integración. Porque la ONU ha dejado claro que el único estatuto definitivo del Sáhara occidental aceptable será el resultante del libre ejercicio a la autodeterminación del pueblo saharaui, un derecho indiscutible que Marruecos lleva pisoteando desde 1975.
Lamentablemente, el paso del tiempo no juega en favor de los saharauis. No sólo porque la política de asentamientos y desplazamiento de ciudadanos diseñada por Rabat es eficaz en su perverso objetivo de diluir a la población autóctona. También porque Marruecos cuenta con aliados tan importantes como EEUU o Francia, que le apoyan en una solución que pase por la sola concesión de una gran autonomía. Sus intereses en Marruecos son muchos y no dudan en abrazar la realpolitik. Máxime cuando está calando en la comunidad internacional la idea de que un Estado saharaui independiente sería altamente inviable y peligroso en la medida en que pudiera favorecer la infiltración de Al Qaeda en el Magreb.
Mucho más complicado es el papel de España, que a lo largo de más de tres décadas ha mostrado una lamentable ambigüedad, fruto del sentimiento de culpa que arrastramos por nuestra responsabilidad como antigua metrópolis que no llevó a cabo el proceso descolonizador y que dejó completamente a su suerte a los saharauis. Esto ha enrarecido siempre las relaciones con Rabat, como se acaba de ver de nuevo con el caso Haidar.
Y, de hecho, ahora cabe interpretar como una nueva provocación marroquí la pretensión de imponer su solución para el Sáhara justo cuando España ostenta la presidencia de turno de la UE, y además encargarle este cometido al embajador en Madrid. Mohamed VI busca así subrayar la soledad de la posición española sobre el Sáhara en Europa. Por ello el Gobierno está obligado a redoblar sus esfuerzos para convencer a nuestros socios de que es imprescindible que la UE le diga con una voz única a Marruecos que ninguna solución será aceptable sin que antes se expresen libremente los saharauis.
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