El Ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno marroquí, intenta influir en el Poder judicial en nombre del ejecutivo.

Aclaraciones fundamentales

Fuimos arrestados el jueves ocho de octubre, del 2009, a la una y media del mediodía, en el aeropuerto Mohammed VI de la ciudad marroquí de Casablanca. La operación fue llevada a cabo, por el grupo nacional de la policía judicial, en presencia de todos los servicios marroquíes de seguridad, tanto privados como públicos. Volvíamos de hacer una visita a los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf- sur de Argelia-por razones estrictamente humanitarias y de derechos humanos (DDHH).

El jueves, quince de octubre, después de 8 días de interrogatorios en el cuartel del grupo anteriormente citado, fuimos conducidos al Tribunal militar de Rabat, lo que supone un precedente realmente peligroso.
Ese mismo día el juez de instrucción cercano al Tribunal ordenó detenernos de forma preventiva en la cárcel local de Salé, pendientes de juicio y con las mismas acusaciones con las que han sido juzgadas miles de víctimas de persecución política, en Marruecos y el Sáhara Occidental. Ejemplos de cómo las acusaciones amenazan la seguridad externa del Estado…etc.
En la cárcel de Salé, permanecimos encerrados en un módulo de aislamiento, enfrentándonos a una estrategia de castigo muy estricta y privados de todos los derechos fundamentales, durante más de cuatro meses.

Con la intención de legitimar el arresto y justificarlo ante la opinión pública internacional y marroquí, de una manera superficial y engañosa, un grupo de partidos políticos mercenarios marroquís, canales de difusión y asociaciones de DDHH, se enfrascaron en una gran campaña, una semana antes de nuestra detención. Esta campaña, racista y patriotera vomitó titulares con contenidos tan agresivos como “Agentes argelinos conspiran con partidos contrarios a la seguridad y al ejército”. Incluso, llegaron a inventarse situaciones ficticias como la captación por parte de la policía de una valija repleta de moneda extranjera junto a publicaciones prohibidas y falsedades varias.

Todo lo anterior, esconde una intención deliberada de crear los requisitos necesarios para condenarnos. Al mismo tiempo, supone un intento claro de engañar al mundo, modificando el objetivo y el contexto legal original-que tiene que ver con la libertad de expresión e ideológica – bien recogida en las políticas de Naciones Unidas y otras instituciones como la Unión europea y el Parlamento europeo, la Unión africana, agencias gubernamentales…así como organizaciones de DDHH tanto marroquís como internacionales (Amnistía Internacional, Robert F. Kennedy Memorial, Human Rights Watch, Freedom House, Front Line, Organización mundial contra la tortura, Observatorio internacional para los defensores de DDHH, Federación internacional de DDHH, Asociación marroquí por los DDHH, Organización marroquí por los DDHH, mediador para la democracia y DDHH y cientos de organizaciones humanitarias y de DDHH que siguieron el ejemplo de sus antecesoras.

El martes dieciséis de febrero 2009, el Sr. Khalid Naciri (ministro de comunicación y portavoz del Gobierno marroquí) fue invitado al programa “Hiwar” del canal número uno marroquí. El periodista le preguntó sobre nuestro caso y se limitó a responder de una manera superficial y errónea. El ministro utilizó términos como “siete traidores” refiriéndose a nosotros.