Los servicios legales de la Eurocámara instan a que se respeten los derechos de los saharauis en el acuerdo pesquero con Marruecos
El convenio con Marruecos, considerado de gran importancia política pero cuyo peso económico se ha visto muy mermado en relación con el precedente pacto pesquero, prevé licencias en aguas "de soberanía y de jurisdicción" [las saharauis] para 119 barcos comunitarios. Un centenar de ellos son españoles, lo que hace de nuestro país el principal beneficiario del acuerdo.
España disfruta de 100 de las 119 licencias que prevé el pacto
En realidad, Marruecos no posee la condición de potencia administradora, que legalmente corresponde a España por lo que carece de "jurisdicción" alguna sobre las aguas saharauis. A cambio de estos derechos, la UE debe pagar una compensación de 36,1 millones de euros anuales durante los cuatro años de duración de este compromiso pesquero, vigente desde 2007.
El dictamen de los servicios legales -que fue debatido ayer por la Comisión de Pesca de la Eurocámara- denuncia la ilegalidad no ya del convenio pesquero en sí, sino de su "aplicación". La razón es que las leyes internacionales condicionan la explotación de los recursos naturales de los territorios no autónomos un estatuto del que goza la ex colonia española en la ONU a que los beneficios que se obtengan de estas riquezas reviertan en el pueblo colonizado. A tenor de los servicios legales de la Eurocámara, esta condición no se cumple en el Sáhara ocupado por Marruecos desde 1975.
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Fuente: Publico.es
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